Por: Kathy Kilrain del Rio 

En los últimos años, si es parte de un proceso de inmigración o conoce a alguien que lo es, es posible que haya escuchado mucho sobre algo llamado la “carga pública”. Mucha gente tiene preguntas al respecto, y nos gustaría ayudarles a todos a comprender mejor lo qué es y a quién se le aplica.

Es importante saber que la regla de carga pública que fue ampliada de la administración de Trump ha terminado. La política ha vuelto a ser lo que era antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. El uso de la mayoría de los programas de beneficios públicos, incluidos los programas de atención médica, alimentos y vivienda, no tendrá un impacto en el estado migratorio de una persona.

La ley federal de inmigración incluye una política de carga pública que afecta a algunos inmigrantes cuando solicitan una “green card” (tarjeta verde) o antes de ingresar al país. Está destinado a determinar si alguien tendrá que depender del gobierno para obtener apoyo financiero. La política de carga pública ha estado vigente por décadas, pero la administración de Trump amplió significativamente la política de manera dañina. Debido a eso, mucha más gente se enteró de la política y creó mucha confusión.

Desafortunadamente, las acciones de la administración de Trump hicieron que muchos inmigrantes dejaran de usar todos los programas de beneficio público o no solicitaron la ayuda necesaria por temor a la política. Ese “efecto de enfriamiento” perjudicó a los inmigrantes que estaban sujetos a la política de carga pública y también a los inmigrantes y a sus familias ciudadanas estadounidenses que no están sujetos a ella. En Maine Equal Justice, esperamos que la administración de Biden proponga una nueva regla de carga pública, pero esa regla no afectaría a nadie durante muchos meses o potencialmente años, por lo que no debería ser un factor para decidir si debe solicitar beneficios públicos ahora. Tampoco esperamos que la regla propuesta sea perjudicial en la forma en que lo fue la regla de la administración de Trump.

La regla de carga pública afecta principalmente a los inmigrantes familiares que solicitan tarjetas de residencia o solicitan entrada a los EE. UU.), peticionarios de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), o personas que buscan o se les otorga el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SUS). No existe una prueba de la carga pública al solicitar la ciudadanía estadounidense, para renovar una “green card” (tarjeta verde) o para solicitar o renovar asilo, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Estatus de Protección Temporal (TPS) o Salida Forzada Diferida (DED).

Muchos factores intervienen en una decisión de la carga pública. Los únicos beneficios públicos que se consideran son la asistencia en efectivo federal o estatal, incluida la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la Asistencia General (GA), y la atención institucional a largo plazo pagada por el gobierno, así como la atención en un hogar de ancianos pagada por Medicaid (MaineCare). También se considerarán otros factores. Estos incluyen educación, empleo, salud y estado familiar. El uso de beneficios públicos por otros miembros de la familia no afecta la decisión de la carga pública de un individuo.